Brasil ve en la futura ley de control del crudo una "nueva independencia"


Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre del año que viene, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, proclamó un "nuevo día de la independencia" de su país con la presentación del marco legal que deberá articular las reglas de explotación de las ingentes cantidades de petróleo descubiertas en los litorales de Río de Janeiro, São Paulo y Espíritu Santo, en una inmensa área submarina ya bautizada como presal.

La bronca a cara de perro entre Lula y los gobernadores de estos tres Estados costeros agraciados por los recientes hallazgos petrolíferos deja patente que hay mucho dinero en juego. Sólo en el campo de Tupí, frente a las costas paulistas, se estima que en las profundidades marinas hay entre 5.000 y 8.000 millones de barriles de crudo ligero, de calidad extraordinaria.

Antes de que acabe el año, Lula pretende sacar adelante cuatro proyectos de ley que definirán el papel de la estatal Petrobras en el nuevo tablero de explotación petrolífera, los niveles de inversión que requieren las nuevas perforaciones, la extracción y las labores de prospección de nuevos pozos, las cuotas de participación de la petroleras extranjeras y la creación de una nueva compañía estatal para la gestión de la explotación submarina, ya bautizada como Petrosal.

En todo caso, parece seguro que Petrobras tendrá un mínimo del 30% de las participaciones en todas las perforaciones y que será el operador privilegiado en los nuevos yacimientos.

Todo esto deberá ser bendecido con urgencia en un convulso Congreso brasileño, que tendrá un total de 90 días para zanjar un asunto del que depende en buena medida el futuro económico de Brasil y su capacidad de situarse a la cabeza de las potencias emergentes.

Las prisas para aprobar el nuevo marco regulador tienen una doble lectura: por una parte, Lula no quiere dejar mucho margen de maniobra para que la oposición haga una sangría de un proyecto que ya ha sido criticado desde varias formaciones políticas. En segundo lugar, al líder brasileño tampoco le conviene que estas discusiones acaben solapándose con la campaña electoral prevista para el próximo año.

Sobre Lula recae el éxito político de que Brasil se esté convirtiendo en una potencia petrolífera de primer orden, pero el desgaste político ante las permanentes arremetidas en el Congreso sería un alto precio a pagar en plena carrera electoral.

Para el presidente brasileño, la prioridad es que su candidata, la superministra Dilma Rousseff, gane las elecciones de 2010 para el Partido de los Trabajadores (PT).

En el centro de la pelea por la explotación de un inmenso yacimiento de crudo que se encuentra en las profundidades marinas bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor, se han situado en las últimas semanas Lula y los gobernadores de los Estados de Espíritu Santo, Paulo Hartung; Río de Janeiro, Sergio Cabral, y São Paulo, José Serra, un serio rival de la candidata de Lula para las elecciones.
El motivo de la gresca, que continúa abierta, es el reparto de las ganancias del crudo.

Brasilia pretende repartir los beneficios del petróleo entre los 27 Estados del país de manera equitativa, mientras que estos tres Estados reclaman una mayor compensación por el hecho de tener en sus aguas territoriales el crudo y los riesgos medioambientales que implican las labores de bombeo y perforación. Aunque aún no se sabe en qué medida, el Gobierno ha aceptado dar una compensación especial a estos tres Estados.

Lula fue claro al referirse al objetivo final de este espaldarazo de su Gobierno al negocio petrolífero: Brasil creará un fondo social para financiar proyectos relacionados con la educación, la erradicación de la pobreza y el desarrollo tecnológico y científico del país. "No tenemos derecho a coger el dinero que vamos a ganar con ese petróleo y quemarlo en los presupuestos federales", explicó el mandatario brasileño durante su programa de radio semanal Café con el presidente.


Reservas fuertemente protegidas

El lanzamiento del nuevo marco regulador para explotar las estratégicas reservas de petróleo que se encuentran a más de 9.000 metros bajo la superficie marina, coincide en Brasil con un acalorado debate sobre el coste y los mecanismos de licitación para construir en territorio brasileño cuatro submarinos convencionales Scorpène y otro con tecnología nuclear transferida por Francia.

Esta coincidencia no es casual, como tampoco lo es el hecho de que en julio del año pasado el Departamento de Defensa estadounidense decidiera reactivar su Cuarta Flota para el Caribe y América del Sur, compuesta inicialmente por once buques, entre ellos un portaaviones y un submarino nuclear. Según informó el Pentágono en su momento, la misión de la Cuarta Flota consiste en "combatir el terrorismo" y las "actividades ilícitas", como el narcotráfico, en aguas suramericanas.

En el marco de un vasto proceso de adquisición de armamento y aviones militares, Brasil reaccionó al anuncio estadounidense con la noticia de un acuerdo estratégico con Francia para la construcción del primer submarino nuclear suramericano y otros cuatro sumergibles convencionales.
En aquel momento, el ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, dijo que Brasil no tiene enemigos, pero que necesita capacitarse militarmente para poder decir no en el momento que lo considere necesario.

Según varias fuentes próximas a Lula, la reactivación de la Cuarta Flota está directamente relacionada con el descubrimiento de importantes yacimientos de crudo en el litoral brasileño, que los analistas ya consideran una pieza crucial del tablero petrolífero mundial de las próximas décadas.

Fuente: ELPAIS.com

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