Juan Arias-Rio de Janeiro.
El embrollo de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en la Amazonia brasileña dificulta la acción del Gobierno para controlar la deforestación del mayor pulmón verde del planeta. La legislación es tan confusa que, según un estudio del Ministerio de Desarrollo Agrario, se necesitarían 1.372 años para reglamentar la región.
Hay muchas leyes, muy complejas y además enmarañadas entre sí. Por eso, el Gobierno de Brasil se plantea, como primera medida, un estudio urgente para estudiar la mejor manera de cambiar dichas leyes y poder aplicar cuanto antes un torniquete legislativo a la sangría de la mayor selva tropical del planeta, que ha perdido ya el 20% de su masa forestal.
El Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, que perdió hace unos meses a su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ecologista convencida, por sentirse en desacuerdo con la política medioambiental del Ejecutivo, ha sido acusado varias veces de desinterés hacia los graves problemas que afectan al gigante amazónico, que cuenta, entre otras riquezas, con el 24% del agua potable de la tierra.
Para intentar quitarse ese sambenito, Lula da Silva ha encargado a la ministra de la Presidencia, la ex guerrillera Dilma Rousseff, que es ya la candidata oficial para sucederle en 2010, la creación de un grupo de trabajo para estudiar un tema tan espinoso.
En dicha comisión de trabajo participan los ministerios de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Integración Nacional y Asuntos Estratégicos, éste último presidido por el ministro y economista Unger Mangabeira, que ha sido profesor del presidente electo estadounidense, Barack Obama, en la Universidad de Harvard, de la que el brasileño aún es catedrático.
Según el diario O Estado de São Paulo, los ministerios implicados ya han llegado a algunas conclusiones. Una de las principales es la necesidad de modificar al menos nueve leyes y tres decretos; se trata de una medida provisional que ya está siendo preparada.
El presidente Lula está convencido de que será imposible crear en la Amazonia una política de desarrollo sostenible que salvaguarde sus riquezas naturales, sin poner antes orden en ese marasmo de leyes que parecen haber sido decretadas para permitir un sinfín de ilegalidades.
Se calcula que en toda la Amazonia brasileña sólo un 10% de la tierra está legalizado. Para conseguir la legalización irregular de miles de hectáreas en la región, según solía afirmar el fallecido científico José Márcio Ayres, fundador de la famosa reserva de Mamarauá -donde la selva es como hace 200 años-, basta con tener un notario amigo, que, imitando un papel antiguo, cree un documento de propiedad.
Incluso la distribución de los 502 millones de hectáreas de la llamada Amazonia legal, que abarca varios Estados brasileñas, es una complicación: 120 millones corresponden a tierras indígenas, 67 están disponibles para los agricultores, 66 millones constituyen área de conservación federal, 57 lo son de conservación estatal, 50 millones pertenecen al Instituto de Tierras de la Amazonia (Iteam), 15 millones se han restituido al Estado de Rondõnia, 7 millones son territorio de las Fuerzas Armadas, y el resto se encuadra en otras categorías, entre ellas el suelo urbano de las ciudades que salpican la Amazonia.
"No existe regularización del territorio de la Amazonia porque la ley no lo permite", se atreve a decir el ministro de Desarrollo Agrario, Guillerme Cassel, quien asegura: "Con la legislación actual, podemos crear diez organismos o llamar al Ejército, sin que consigamos nada".
El embrollo de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en la Amazonia brasileña dificulta la acción del Gobierno para controlar la deforestación del mayor pulmón verde del planeta. La legislación es tan confusa que, según un estudio del Ministerio de Desarrollo Agrario, se necesitarían 1.372 años para reglamentar la región.
Hay muchas leyes, muy complejas y además enmarañadas entre sí. Por eso, el Gobierno de Brasil se plantea, como primera medida, un estudio urgente para estudiar la mejor manera de cambiar dichas leyes y poder aplicar cuanto antes un torniquete legislativo a la sangría de la mayor selva tropical del planeta, que ha perdido ya el 20% de su masa forestal.
El Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, que perdió hace unos meses a su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ecologista convencida, por sentirse en desacuerdo con la política medioambiental del Ejecutivo, ha sido acusado varias veces de desinterés hacia los graves problemas que afectan al gigante amazónico, que cuenta, entre otras riquezas, con el 24% del agua potable de la tierra.
Para intentar quitarse ese sambenito, Lula da Silva ha encargado a la ministra de la Presidencia, la ex guerrillera Dilma Rousseff, que es ya la candidata oficial para sucederle en 2010, la creación de un grupo de trabajo para estudiar un tema tan espinoso.
En dicha comisión de trabajo participan los ministerios de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Integración Nacional y Asuntos Estratégicos, éste último presidido por el ministro y economista Unger Mangabeira, que ha sido profesor del presidente electo estadounidense, Barack Obama, en la Universidad de Harvard, de la que el brasileño aún es catedrático.
Según el diario O Estado de São Paulo, los ministerios implicados ya han llegado a algunas conclusiones. Una de las principales es la necesidad de modificar al menos nueve leyes y tres decretos; se trata de una medida provisional que ya está siendo preparada.
El presidente Lula está convencido de que será imposible crear en la Amazonia una política de desarrollo sostenible que salvaguarde sus riquezas naturales, sin poner antes orden en ese marasmo de leyes que parecen haber sido decretadas para permitir un sinfín de ilegalidades.
Se calcula que en toda la Amazonia brasileña sólo un 10% de la tierra está legalizado. Para conseguir la legalización irregular de miles de hectáreas en la región, según solía afirmar el fallecido científico José Márcio Ayres, fundador de la famosa reserva de Mamarauá -donde la selva es como hace 200 años-, basta con tener un notario amigo, que, imitando un papel antiguo, cree un documento de propiedad.
Incluso la distribución de los 502 millones de hectáreas de la llamada Amazonia legal, que abarca varios Estados brasileñas, es una complicación: 120 millones corresponden a tierras indígenas, 67 están disponibles para los agricultores, 66 millones constituyen área de conservación federal, 57 lo son de conservación estatal, 50 millones pertenecen al Instituto de Tierras de la Amazonia (Iteam), 15 millones se han restituido al Estado de Rondõnia, 7 millones son territorio de las Fuerzas Armadas, y el resto se encuadra en otras categorías, entre ellas el suelo urbano de las ciudades que salpican la Amazonia.
"No existe regularización del territorio de la Amazonia porque la ley no lo permite", se atreve a decir el ministro de Desarrollo Agrario, Guillerme Cassel, quien asegura: "Con la legislación actual, podemos crear diez organismos o llamar al Ejército, sin que consigamos nada".
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